El decreto previamente aprobado destinado a regular las criptomonedas y fiscalizar todas la operaciones con criptos dentro de la República Bolivariana de Venezuela fue publicado el 30 de enero y difundida posteriormente en la gaceta oficial número 41 575 el pasado jueves 31 de enero.

Esta nueva serie de normativas propone dictaminar el marco regulatorio que cubrirá el desarrollo de la criptomoneda venezolana, el Petro, además de definir pautas que serán utilizadas para monitorear las distintas operaciones relacionadas al mundo de las criptomonedas.  

Medios de noticias locales señalan cómo constituyentes como Andrés Eloy Méndez miran con entusiasmo la introducción de esta nueva ley, pues es resaltado la manera en que la introducción de la misma aspira convertir a Venezuela en un referente mundial en cuanto al tema de los criptoactivos y la concepción de instrumentos legales que envuelvan sus distintas actividades.

Una entidad estará encargada de las actividades del sector

En el transcurso del decreto constituido por 63 artículos, se estipula que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) será la encargada de supervisar el nuevo Sistema Integral de Criptoactivos bajo la función de Rector del mismo. Esta deberá fiscalizar cualquier plataforma relacionada con comerciar criptos dentro del territorio, pues el artículo 11 señala cómo esta deberá coordinar y supervisar a los mineros, los exchanges y demás servicios financieros relacionados al entorno; además de emitir los permisos y licencias, proponer y promover nuevas normativas, e incluso controlar la “creación, emisión, transferencia, comercialización e intercambio” de todos los criptoactivos dentro de Venezuela.

El control hacia los distintos servicios que pueden estar orientados en el comercio de criptoactivos parece recaer directamente en la entidad, pues es establecido cómo la autorización de SUNACRIP es la que dictaminará qué plataformas pueden operar dentro del territorio nacional de forma legal, bien se encuentren ubicadas en la localidad o en el extranjero. Según explica el artículo 42, cualquier operación con criptoactivos (incluida la minería) que sea llevada sin licencia deberá rendir cuentas ante la entidad y las multas establecidas, las cuales podrían ser equivalentes a 100 o incluso 300 “criptomonedas Soberanas”.

Nadie parece estar a salvo del ojo vigilante de la entidad, y con la lleva a cabo de inspecciones rutinarias en función de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el decreto, indicios de infracciones podrían tener serias consecuencias en las empresas involucradas, como suspensión de la licencia otorgadas, confiscaciones de equipos involucrados en la actividad (por ejemplo mineros) y cualquier otra medida bajo el ordenamiento jurídico que impida la “vulneración de los derechos de los ciudadanos”.

El vasto número de actividades que pueden ser llevadas en el mundo de las criptomonedas es vista como una materia sumamente amplia. Crear un marco que regule el ecosistema cripto ha sido una intensión sentida por distintos gobiernos desde el inicio de la expansión de las tecnologías, y si algo ha quedado claro, es que regulaciones estrictas no hacen más que deteriorar el buen crecimiento de los buenos proyectos que traen innovación al mundo. El sentimiento y la respuesta de la comunidad señalan fuertemente el impacto tanto positivo como negativo que pueden tener las regulaciones llevadas en distintos lados del mundo, y basta ver con el transcurso del tiempo como los Venezolanos amantes de estas tecnologías recibirán estas nuevas medidas.

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