Un proyecto que modifica la antigua ley

El pasado 15 de junio de 2020 fue publicado en España el anteproyecto de ley que modifica la actual Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales que rige en el país europeo desde 2010, esta propuesta busca seguir los planteamientos de la Quinta Directiva de la Unión Europea en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo se refiere.

“El Anteproyecto de Ley refuerza el sistema de control del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incorporando las nuevas disposiciones comunitarias e incluyendo mejoras adicionales en la norma actual para incrementar la efectividad de los mecanismos de prevención”.

De esta manera, la primera redacción de esta nueva ley obliga a todos los proveedores de servicios de intercambio entre monedas virtuales, de criptomoneda por moneda fiat, de transferencia de criptoactivos y de custodia a cumplir con la nueva norma presentada, la cual se espera sea aprobada durante el segundo trimestre del año.

Así mismo, el documento recalca que igualmente, aquellas personas no residentes que a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las citadas en los apartados anteriores estarán sujetas al cumplimiento de esta ley.

Objetivo y red de información entre países europeos

El objetivo de esta iniciativa es reforzar los controles, estableciendo la creación de un sistema de identificación basado en un registro único, así lo hizo saber el Ministerio de Asuntos Económicos, quienes confirman que esta norma, ya ha sido objeto de consulta pública y de informe preceptivo previo por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en vista de próxima aprobación.

Este sistema de registro tendrá un reforzamiento en la identificación de los titulares reales de instituciones, organizaciones o empresas de criptomonedas existentes que ya están inscritos dentro del Registro Mercantil y en las bases de datos notariales del país, además incorporará la obligatoriedad del registro de entidades que tengan naturaleza similar que operen en el país y de sus titulares reales.  

En base a esto, se establecerá una interconexión del sistema con los registros de los otros países de la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información. Igualmente, los sujetos obligados a la ley que se mencionaron anteriormente tienen la obligación de solicitar esta información registral en caso de presentar cualquier relación de negocios. 

¿Piensas que este proyecto de ley es acertado? ¿Crees que estas medidas modifiquen el número de proveedores de servicios en España? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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